El Valle de los Caídos es un símbolo para los seguidores del régimen franquista donde, además de la tumba de Francisco Franco, hay enterrados más de 30.000 fallecidos de la Guerra Civil española. Una de las anomalías que tiene la democracia española respecto al resto de los estados europeos es la legitimidad de la que han disfrutado los restos de Franco y sus familiares durante los últimos 40 años.
El pasado 13 de septiembre se aprobó en el Congreso de los Diputados, con 176 votos a favor, dos en contra y 165 abstenciones, el decreto ley del Ejecutivo para la exhumación del dictador Francisco Franco del Valle de los Caídos. A partir de ahora, los parlamentarios españoles tienen que trabajar para que las sentencias del franquismo sean anuladas, para recuperar las víctimas de fosas comunes y dar una finalidad y utilidad al monumento del Valle de los Caídos.
Todo este proceso empezó con las primeras exhumaciones en el 2000. Este asunto casi olvidado, cogió fuerza con la ley de Memoria Histórica, que fue aprobada en 2007, con el objetivo de retirar los símbolos franquistas de las calles y otorgar fondos para encontrar a los desaparecidos de la guerra civil con el objetivo de que sus familiares pudieran identificarlos y enterrarlos. Con la llegada del PP al poder en 2011 no se anuló esta ley, pero sí se hizo de facto, al dejarla sin fondos en los Presupuestos Generales del Estado año tras año.
Ha hecho falta un cambio de gobierno y la no injerencia de la Iglesia para poder seguir con este proceso, ya que en la Ley de Memoria Histórica en tiempos de Zapatero, CiU incluyó en el artículo 16 la homologación del Valle de los Caídos a un lugar de culto y cementerio público, lo que daba voz y voto a la Iglesia. Para este cambio de actitud ha sido necesario que se produzcan las sustituciones del Papa Francisco por Benedicto XVI y del arzobispo Carlos Osoro por Antonio María Rouco Varela para que el prior del Valle de los Caídos, Santiago Cantera, no se opusiera a la exhumación de Franco.
Tanto Ciudadanos como Partido Popular no ven urgente solucionar esta cuestión después de más de 40 años, y no les parece tampoco importante que haya casi 34.000 cuerpos enterrados en esta cripta, de los cuales, más de 12.000 están sin identificar. Aún falta por saber las fechas exactas de la exhumación y a donde se llevarán los restos sus familiares.
España no se puede permitir tener un monumento que resalte la figura de un dictador, además de enviar un mensaje claro a los nostálgicos de que España no debería tener partidos radicalizados en la extrema derecha.
