Al igual que estamos sufriendo una crisis de la energía actualmente, que está elevando la inflación, en el futuro tendremos crisis y guerras por la gestión y consumo del agua, y más con los efectos que está produciendo el cambio climático.
Después de visitar este fin de semana la Axarquía, reflexioné sobre el coste económico del consumo de agua en el pantano de la Viñuela. Este año, hasta abril ha sido un año bueno en lluvias en Málaga, se nota en lo verde que está el campo, y a primera vista, cuesta entender cómo puede estar este pantano con tan poca agua.
El agua es un bien común de todos, y su sobre explotación, debería cuantificarse económicamente e imputárselo a quien lo consume y explota. Y esta consideración, es porque nuestro clima es mediterráneo, donde el consumo de agua cada vez es más elevado, que conlleva un nivel bajo en acuíferos y embalses, ofreciendo las administraciones un capacidad mínima frente a episodios de sequía.
Medidas a plantearse desde la gestión pública:
- El agua de los embalses debe estar regulado y explotado por las administraciones públicas, por tanto, las eléctricas que explotan los recursos hídricos, deben ser públicas, y necesitar autorización para desembalsar agua para producir electricidad, basados primeros en criterios hídricos y medioambientales, solo pudiendo imputar el coste de producción, sin margen de beneficios a los consumidores finales.
- Los cultivos de regadío en la Axarquía, especialmente mangos y aguacates, consumen más del 75% de los recursos, lo que va a provocar un colapso hídrico a corto plazo, siendo este sistema insostenible para los agricultores. Inyectar más agua con trasvases no es la solución, la cual está en eliminar todos los cultivos ilegales en la Axarquía, cambiar el modelo de producción a otros cultivos, que no demanden tanto consumo de agua, como los de secanos, y este tiempo de cambios de cultivos, imputar a los agricultores con cultivos de regadío, todo el coste del agua que utilizan y de recursos (contabilizando los coste de las desoladoras de agua, los costes de los trasvases, costes de personal que trabajan,y aumentando sus tipos impositivos varios puntos para recaudar más dinero que se reinvierta en el sector…), para desincentivar esta sobre explotación de cultivos de regadío. Es decir, que el precio del agua sea más justo, donde el agua para los agricultores de secano sea más barato que los agricultores de regadío.
- Mejorar las infraestructuras, para que no se pierda agua en las canalizaciones, trasvases,….; impidiendo la explotación ilegal del agua y de los cultivos ilegales.
- Realizar un plan para la eliminación de todas las construcciones existentes en cauces y zonas de alto riesgo de inundación.
- La depuración del 100 % de las aguas residuales urbanas e industriales.
- Endurecimiento del régimen sancionador para todos los vertidos que incumplan los parámetros exigidos por la normativa estatal y europea vigente.
- Elaborar un plan para la detección, limitación y eliminación de la contaminación difusa generada por la actividad agrícola y ganadera.
- Reforzar la plantilla de las confederaciones hidrográficas para garantizar la protección del dominio público hidráulico.
- Devolución al sector público de las concesiones hidroeléctricas que caduquen.
- Etc
Lo que hay que hacer es recalcular el coste del agua, que debe ser un bien público y gestionado totalmente por la administración pública, imputando los costes directos e indirectos de la producción, mantenimiento y gestión de la misma.
No puede ser que la gestión del agua esté en manos de pocas empresas, quedándose con grandes beneficios económicos, tanto eléctricas como grandes empresas hortofrutículas, ….; y las consecuencias y los costes lo sufran como siempre los ciudadanos, mirando los políticos hacia otro lado por las puertas giratorias y los intereses económicos y electorales.